agosto 15

La reforma legislativa llevada a cabo en México, para consagrar los derechos humanos a nivel constitucional, contiene elementos positivos, pero los legisladores dejaron pasar varios aspectos que también la hacen peligrosamente destructora.

Es positivo, por ejemplo, el haber establecido que el Estado “reconoce” los derechos humanos. Antes, el Estado erróneamente presumía de “otorgar” esos derechos, siguiendo la doctrina paternalista del Estado benefactor. Los derechos nacen de la dignidad del ser humano, no son concedidos por el Estado.

Los derechos son exclusivos del ser humano, por su componente espiritual. De allí, por ejemplo, que resulte insensato hablar de los “derechos de los animales”. Por más que sea correcta la idea de que los animales merecen respeto (por el simple hecho de ser creaturas de Dios), jamás poseerán “derechos”, pues estos son propios privativamente de la especie humana.

Otra consecuencia es lo absurdo que resulta el prurito de crear legislaciones “particulares”. No debería ser necesario crear legislaciones especiales para los indígenas, los homosexuales, los ciegos, los niños, los enfermos de SIDA, las mujeres, los enfermos de cáncer, etc., puesto que todos gozamos de los mismos derechos simplemente por el hecho de ser personas humanas.

La moderna ética mundialista en incapaz de definir lo que es “persona” o, más bien, le interesa que su definición desaparezca.
Tal vez porque nuestros legisladores desconocen lo que es “persona”, es que dejaron pasar los aspectos negativos.

Uno de ellos es el que se refiere a la libertad religiosa, la cual quedó restringida meramente a la libertad de culto. El primero es mucho más amplio y entraña aspectos más esenciales que el simple ejercicio de culto. De esta forma, los derechos humanos reconocidos por el Estado quedaron reducidos y condicionados.

Otro aspecto negativo es el haber introducido el derecho a la “preferencia sexual”. Con esto, los legisladores han quedado “a la moda” de los dictados que marcan intereses extranjeros muy particulares, dirigidos a minar la institución de la familia y del matrimonio. Pero demostraron su ignorancia respecto a la moderna discusión que existe sobre el tema de la así dicha “preferencia”, desde la óptica psicológica, genética, o de implicaciones legales o sociales.

El debate científico actual es acerca de los derechos del embrión, considerando a éste como nuevo ser humano, independiente y cromosómicamente completo desde el primer instante de su concepción, momento en que ya se pueden definir cerca de 1,500 características desde el color del pelo, los ojos, el carácter, y, desde luego, el sexo. Este último es una definición que es dada por nacimiento. No se “escoge” ser hombre, o ser mujer. Se nace uno u otro. Los legisladores mexicanos esquivaron ese debate.

Peor cuando uno acude a cualquier enciclopedia para ver lo que son las “preferencias sexuales”. Aparecen: heterosexualidad, homosexualidad, transexualidad, zoofilia, pederastia, onanismo, fetichismo, vouyerismo, sadismo, masoquismo.  Cualquiera puede ahora presentar una controversia constitucional entre las leyes que prohíben la pederastia, por ejemplo, y el nuevo articulado que protege las preferencias sexuales, entre ellas la pederastía.

Por otra parte, al hablar de preferencia y no de padecimiento o desviación psicológica se comete una injusticia con esas personas, pues se les oculta la posibilidad de acceder a una terapia para su curación. Adicionalmente, se abre un peligro serio para los padres de familia, ya que no podrán impugnar ahora planes de educación o libros de texto, que muestran la homosexualidad como una posibilidad que sus hijos pueden elegir. Esto está sucediendo ya en programas para niños de primaria. Los padres ven limitado su derecho a educar a sus hijos según sus principios debido a que las “preferencias” ya son un “derecho constitucional”.

Por último, está el grave aspecto de haber elevado a rango constitucional los derechos humanos protegidos por los tratados internacionales ratificados por México.

Esto puede llevar fácilmente a la violación de nuestra soberanía. Un tribunal exterior podría reconocer un derecho sin importar que viole nuestras leyes propias, si un tratado internacional vinculante está a favor de la persona, como normalmente lo están.

Aquí se abre una posibilidad, por ejemplo, de una controversia constitucional con el gobierno del D.F., que permite el aborto suponiendo que hasta las doce semanas puede no tratarse de un ser humano, mientras que la Convención Americana sobre los Derechos Humanos establece, en el artículo 4, que “cada persona tiene el derecho a que se respete su vida (…) a partir del momento de la concepción”. El momento de la concepción es, como decíamos anteriormente, el instante que funda los derechos humanos, desde que allí existe ya una persona humana.

Es importante que se presente una iniciativa de reforma a la reforma, para subsanar todas estas contradicciones y lagunas. Es imprescindible que a las preferencias se borre el término “sexuales”, y que quede protegida la preferencia de las personas de forma más amplia y digna. Es urgente que se apruebe una modificación al artículo 24 para garantizar la Libertad Religiosa. Pero, sobre todo, es necesario abrir un debate académico serio para que los legisladores comprendan que no se debe legislar para estar “a la moda”, sino que hace falta una reflexión más profunda.

J.A.V.